Análisis de la Justicia

Entre el 20 y 2l 23 de noviembre ha tenido lugar en Pamplona la reunión de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), con el fin de analizar el papel constitucional del poder judicial, su efectividad, el desarrollo de la nueva oficina judicial, así como para estudiar las principales necesidades y proponer posibles reformas.
Entre los asuntos tratadosos, consideran «incomprensible» que los tribunales de España «no puedan trabajar en red ni cuenten con una red de comunicación rápida» y entienden que «esto es algo insólito que no se produce en ningún otro ámbito, ni público ni privado».
Al mismo tiempo, manifiestan que «tampoco se entiende que, tratándose de un poder único para toda la nación, sean diversos los sistemas informáticos, con la agravante de no ser compatibles entre sí» y advierten de que «la falta de implantación de las tecnologías propias de la sociedad de la información lastra la efectividad del poder judicial». Por ello, reclaman la «modernización de la justicia».
Varias son las consideraciones que se derivan del encuentro, que a continuación se desgranan.

LA AGILIZACIÓN, URGENTE
En el documento de conclusiones hecho público, y dado a conocer por el presidente del TSJ de Navarra, Juan Manuel Fernández, los máximos responsables de los tribunales resaltan que «la agilización» de la justicia es «el reto más urgente» y «debe ser un objetivo común prioritario» para que desde los juzgados y tribunales se pueda «impartir una Justicia del siglo XXI». «Sólo así la sociedad renovará cada día la confianza en sus jueces y magistrados».
En el mismo valoran que «una Justicia independiente es esencial para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, lo que exige robustecer sus garantías, así como una ejecutoria institucional comprometida con las buenas prácticas democráticas».
Sostienen que la sociedad española «no siente desafección» por el vigente sistema constitucional de Justicia, «pero sí se siente decepcionada por su funcionamiento cotidiano». Los presidentes estiman que la independencia judicial ha de ser respetada por todas las instituciones y defendida por marcos idóneos. Por este motivo, «frente a los ataques dirigidos a deslegitimar las actuaciones judiciales», inciden en la necesidad de «seguir potenciando mecanismos alternativos que los contrarresten».

PROPUESTAS PARA AGILIZAR LA JUSTICIA
En el documento aprobado se insiste en que «los ciudadanos tienen el derecho a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable a las pretensiones que formulan ante los tribunales de Justicia». Sin embargo, consideran que por diversas razones se están produciendo dilaciones que han de ser corregidas con «urgencia».
Para ello los presidentes plantean, entre otras propuestas, la citada implantación de las tecnologías, la adecuación de la planta judicial al número de asuntos que se someten a la justicia, o promover el uso de medios alternativos de solución de conflictos, esencialmente la mediación. También consideran imprescindible impulsar la institución del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo como en el privado.
Igualmente, plantean instaurar los tribunales de instancia, pero garantizando que este cambio organizativo no suponga un «distanciamiento» de los principios básicos que sustentan la independencia judicial, como la inamovilidad o la no vinculación a órdenes superiores.
Finalmente, plantean modernizar la planta judicial, modificando la actual configuración basada en los partidos judiciales que debe ser superada por obsoleta, y poner freno a la tendencia a incrementar la criminalización de conductas, de manera que se confíe la tarea de controlar y sancionar determinados comportamientos a instancias administrativas.

DESPLIEGUE DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL
Por otra parte, a juicio de los presidentes de TSJ, la implantación del expediente digital y un adecuado y flexible sistema de gestión procesal, así como el buen funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los juzgados y tribunales, son herramientas imprescindibles para el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial.
En el documento, reflejan que la experiencia del despliegue de la nueva oficina judicial está demostrando que, «siendo evidentes las potencialidades y ventajas que supone la creación de servicios comunes, existen disfunciones consistentes en una excesiva burocratización del proceso».
Así, explican que el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) debe ser objeto de «profunda reflexión» en orden a establecer mecanismos que permitan una «comunicación directa» con jueces y magistrados, tanto en el ámbito de la dirección funcional como procesal.
El funcionamiento de las oficinas judiciales, concluyen los presidentes, «no puede quedar al margen del ámbito de conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, en particular de los jueces decanos y presidentes, y, en general, de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores por lo que, cuando se produzcan disfunciones que incidan en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, la resolución del conflicto debe recaer, en principio, sobre la Sala de Gobierno».