El artículo 72 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito aprobado hace una semana y que se presentó como el escenario normativo en el que los titulares de participaciones preferentes de bancos intervenidos tendrían las espaldas cubiertas al menos en parte contiene una cláusula que permite que el Banco de España o el Frob aleguen ante la autoridad judicial “causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia” que ampare a compradores de instrumentos híbridos de capital (participaciones preferentes y deuda subordinada)

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