El artículo 72 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito aprobado hace una semana y que se presentó como el escenario normativo en el que los titulares de participaciones preferentes de bancos intervenidos tendrían las espaldas cubiertas al menos en parte contiene una cláusula que permite que el Banco de España o el Frob aleguen ante la autoridad judicial “causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia” que ampare a compradores de instrumentos híbridos de capital (participaciones preferentes y deuda subordinada)

Ver artículo participaciones preferentes

Escrito por Carlos Gonzalez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, colegiado nº 19.250 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y procurador colegiado nº 671 del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona
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