Las doce comunidades con competencias en Justicia plantearán al ministro en la conferencia sectorial que se celebrará esta tarde en Madrid una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita y reclamarán la competencia sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia Las comunidades de Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Valencia, La Rioja, Navarra y Cantabria consideran que estas medidas son para implantar el nuevo modelo de oficina judicial. El ministro de Justicia ha indicado que, aunque esta tarde escucharán la propuesta de las autonomías sobre transferencias de personal -acordada por unanimidad en una reunión mantenida el pasado 19 de enero en Santander-, no es ahora momento para “añadir más complejidades” a las que ya existen dentro de un proceso de transformación y cambio de la Administración de Justicia. Así, ha explicado, la nueva oficina judicial y la creación de relaciones de puestos de trabajo, junto a los procesos de modernización tecnológica, de formación y adaptación del personal al servicio de la Administración de Justicia “aconsejan en principio no añadir mayores complejidades a las que ya nos encontramos en este momento”. En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, ha reconocido que la crisis económica así como la llegada de inmigrantes a España incrementó notablemente el gasto que realizan tanto el Estado como las CCAA para subvencionar este derecho. Caamaño, que ha recordado que en la Ley de Extranjería se corrigieron algunas disfunciones existentes en el sistema, ha expresado la disposición del Ministerio a abordar aquellas reformas que sean necesarias para evitar duplicidades, costes añadidos y para ganar agilidad y eficiencia. Ahora bien, ha advertido de que el Ministerio de Justicia no va a renunciar nunca a la defensa de este derecho de los ciudadanos y al modelo que existe en la actualidad, un modelo de colaboración entre los poderes públicos y los profesionales del Derecho a través de los colegios de abogados y procuradores. Para Caamaño, se trata de un buen modelo, que garantiza los derechos y libertades de las personas que carecen de recursos económicos y ha señalado que “una cosa es perfeccionar el modelo y otra alterar la lógica del sistema”. Además, ha recordado a las CCAA que han asumido plenamente estas competencias, entre ellas la de asistencia jurídica gratuita, y que, por tanto, de la misma manera que el Gobierno de España tiene en sus presupuestos una partida para atender este derecho fundamental, las autonomías tienen la obligación de dedicar asimismo esa partida. AGENCIA EFE.