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En este apartado de noticias compartimos experiencias, eventos, opiniones y primicias relacionadas con la actualidad jurídica y de los Tribunales, con nuestro sector y con el despacho Pradera González Procuradores de Barcelona.

26/junio/2012

Antonio Salas Carceller. Magistrado del Tribunal Supremo

Publicación:Revista Aranzadi Doctrinal num. 11/2012 (Tribuna).

En el ámbito de la «pluralidad de partes» en el proceso civil, bien sea del lado activo o del pasivo del litigio, la llamada «intervención procesal» plantea numerosos problemas prácticos, fundamentalmente en cuanto cuál ha de ser la posición del interviniente en el proceso y hasta qué punto le pueden alcanzar los pronunciamientos de la sentencia.El problema está resuelto legalmente en el caso de la «intervención provocada» a que se refiere elartículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -aunque la redacción del precepto no sea desde luego la mejor posible- pues al referirse la regla 5ª del apartado 2, a efectos de costas, a la posibilidad de que el tercero pueda ser absuelto, habrá que deducir necesariamente que también puede ser condenado.

Ello no obstante la contradicción que supone tal regla con lo previsto en el apartado 1 del mismo artículo, según el cual la llamada del tercero por el demandante lo es «sin la cualidad de demandado».En estos casos -los comprendidos en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- es la propia ley la que ha de permitir que el demandante o demandado llamen a un tercero para su intervención en el proceso y la defensa de sus posibles derechos que pueden ser afectados por lo que allí se decida.

El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («intervención provocada») establece lo siguiente:1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.

Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.2. Cuando la Ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1ª El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos cinco días antes de la vista.

2ª El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda o la suspensión del acto de juicio caso de que fuera verbal y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.

3ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda. Si se tratase de un juicio verbal y el Tribunal hubiera estimado la solicitud, el Secretario judicial hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.

4ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.5ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394 de esta Ley.

Distinta es la situación prevista en elartículo 13(«Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados»), según el cual:

1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos.

2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones el Secretario judicial dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.En estos casos la intervención del tercero no está determinada por una norma que permita a cualquiera de las partes llamarlo al mismo, como ocurre en el caso del artículo 14, sino que se trata de una intervención voluntaria, bien sea totalmente espontánea o bien se haya propiciado por alguna de las partes, con efectos distintos de los de la «intervención provocada» del artículo 14.

Se puede distinguir en estos casos entre una intervención litisconsorcial y una intervención adhesiva simple. En el primer caso se tratará de un tercero que puede afirmar su cotitularidad en cuanto a la relación jurídico material sobre la que versa el proceso, por lo que hubiera podido figurar desde el principio en el mismo como parte aunque su presencia no sea imprescindible; y defenderá derechos propios aunque no ejercite una pretensión distinta a la del demandante o demandado (por ejemplo, el caso del acreedor o el deudor solidario).

En el segundo caso -intervención adhesiva simple- la legitimación del interviniente no consiste en la afirmación de titularidad sobre la relación jurídica material, sino en la titularidad de otra relación jurídica dependiente de aquélla, por lo que la decisión que se adopte en el proceso le podrá afectar de modo indirecto o reflejo (por ejemplo, la intervención del subarrendatario en el proceso seguido entre arrendador y arrendatario).La sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 20 de diciembre de 2011, dictada enRecurso nº 116/2008 (RJ 2011, 7329)trata de un supuesto de intervención voluntaria adhesiva y se pronuncia sobre los efectos que han de reconocerse a la misma.Los hechos, expresados de modo sintético, son los siguientes:

A) El demandante fue víctima de un accidente laboral que dio lugar a un juicio de faltas, el cual concluyó con una sentencia absolutoria que reservó expresamente al perjudicado el ejercicio de las correspondientes acciones civiles. No obstante, en el proceso penal, la aseguradora de la empresa pagó cierta cantidad al lesionado afirmando que ese era el límite de su responsabilidad según el contrato de seguro.

B) Se interpuso demanda por el trabajador contra la empresa, el administrador y el responsable de prevención de riesgos laborales para que fueran condenados al pago de una indemnización mayor.

C) Los demandados, manifestando que se acogíana lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitaron la intervención de la compañía aseguradora para que fuera parte en el proceso, alegando que la cobertura de la que había de responder dicha aseguradora era mayor que la reconocida por ésta. El Juzgado atendió dicha petición, tras no manifestarse el actor sobre ella, ordenado la notificación de la demanda y el emplazamiento de la aseguradora, que compareció en los autos.

D) El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia condenado a los demandados a satisfacer una cantidad notablemente superior a la satisfecha por la aseguradora, pero absolvióa ésta por considerar que no se había acreditado que la cobertura del seguro fuera mayor de la aceptada, sin especial pronunciamiento sobre costas.

E) Los inicialmente demandados recurrieron en apelación a los solos efectos de discutir el alcance de la responsabilidad de la aseguradora por entender que la misma estaba obligada a cubrir la totalidad de la condena.

F) La Audiencia desestimó el recurso de apelación afirmando que, aun cuando se admitió la presencia en el proceso de la aseguradora como «intervención provocada» al amparo del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe entenderse que se ha tratado de una intervención voluntaria del artículo 13 de la misma Ley, por lo cual los demandados no están legitimados para recurrir la absolución de la aseguradora y lo que habrán de hacer, en su caso, es demandarla en distinto proceso; todo ello sin declaración sobre costas.Dicha sentencia fue recurrida por los apelantes ante la Sala Primera del Tribunal Supremo por infracción procesal y en casación.

La Sala estimó el primero de los recursos y declaró no haber lugar, por ello, a entrar a conocer del segundo, sentando la doctrina que se expresa a continuación.

A) Considera la Sala que no resulta relevante la denominación que se dé a la incorporación al proceso de la aseguradora o si su intervención debe integrarse en el artículo 13 o en el 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues lo determinante es fijar la posición que dicha aseguradora ocupó en el proceso después de que el Juzgado de Primera Instancia admitiera su intervención.

B) En los casos en que no existe una norma legal que imponga la llamada al proceso de un tercero, es simplemente el propio interés de dicho tercero en el resultado del proceso el que le legitima para intervenir, independientemente de que el mismo, al conocer la existencia del litigio, haya decidido solicitar su intervención, o por el contrario haya sido llamado o, en cualquier forma, se le haya hecho saber la existencia del litigio, como sucedió en el presente caso.

C) La aseguradora no tuvo la cualidad de parte en el proceso (aunque el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil afirme -impropiamente- que el interviniente «será considerado parte en el proceso a todos los efectos»). En el proceso civil, sostiene la Sala, la cualidad de parte demandada únicamente corresponde al sujeto frente al que el demandante pretende la tutela ante los tribunales (artículos 5.2y10de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El tercero no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio respecto de él.

D) Lo anterior no contradice lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que el hecho de que el tercero pueda actuar como parte demandada comporta que su posición «formal» es la de una parte, pero no es parte en sentido «material» aunque pueda conducirse como tal. Se trata de que el tercero pueda prevenir los efectos reflejos que para él pueda tener el resultado del proceso.

Por todo ello, en relación con el supuesto de hecho, hay que tener en cuenta que el demandante no ejerció frente a la aseguradora la acción directa delartículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Fueron los demandados los que solicitaron que la aseguradora fuera llamada al pleito y estos no están legitimados para suplir la falta de ejercicio por la demandante de tal acción directa.

Por último, entiende la Sala que, al no tener la aseguradora la condición de demandada, la sentencia de primera instancia no podía condenarla ni absolverla y, en consecuencia, el pronunciamiento absolutorio, confirmado por la Audiencia, debe ser anulado; lo que efectivamente hace al estimar el recurso interpuesto por infracción procesal.

Se trata de una definición jurisprudencial del alcance de lo previsto en elartículo 13de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, desde luego, no se declara aplicable al caso delartículo 14, que es bien distinto. Se ha pretendido así clarificar, al menos en atención a los problemas que plantea en su aplicación al lado pasivo del proceso, una norma ambigua que viene a decir que el interviniente voluntario «será considerado parte en el proceso a todos los efectos» lo que, literalmente considerado, podría llevar a extraer como consecuencia su posible condena en el proceso cuando nadie la ha solicitado, hipótesis que la Sala no acepta.

La extensión de dicha doctrina a los efectos económicos del proceso ha de llevar consigo como consecuencia que las costas causadas por el tercero interviniente, que actúa al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán siempre de su cargo y nunca habrán de ser satisfechas por la parte contraria aunque hubiere sido condenada al pago de las costas en cualquiera de las instancias o en el recurso extraordinario.
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